El silencio del mar: la pota, la inestabilidad y la urgencia de una gestión sostenible

El anuncio del próximo cierre temporal de la pesca de pota puso en evidencia una gestión alejada de la dinámica real del recurso: decisiones adoptadas sin sustento técnico, escasa articulación institucional y ausencia de protocolos ante varamientos masivos generaron incertidumbre en el sector artesanal, inestabilidad en el mercado y debilitan la legitimidad de la normativa. Esta situación reafirma la urgencia de construir una gobernanza pesquera basada en información en tiempo real, con atención a los cambios en el espacio marino y participación efectiva de quienes viven del mar.

Geraldine Pacheco, Departamento de Políticas y Gobernanza

Varamiento de pota registrado en la bahía de Pucusana el 24 de junio de 2025. Crédito: ©Elizabeth Gutiérrez 

Este 29 de junio de 2025 concluyó oficialmente el régimen vigente de captura de pota. La coincidencia de esta fecha con la víspera del Día del Pescador no debería pasar desapercibida: más que marcar simplemente el cierre de una temporada, debe motivar una reflexión profunda sobre cómo se está gestionando uno de los recursos más importantes  del mar peruano.

La pota (Dosidicus gigas) se ha convertido en los últimos años no solo en un recurso emblemático de la pesca artesanal peruana, sino en una especie que refleja con claridad las tensiones, limitaciones y contradicciones del sistema de gobernanza pesquera nacional. La reciente sucesión normativa emitida por el Ministerio de la Producción (Produce) durante el primer semestre de 2025 constituye un caso de estudio paradigmático sobre cómo decisiones legales adoptadas sin seguimiento adecuado pueden tener efectos directos en la estabilidad económica y social de miles de familias vinculadas a este recurso, y sobre cómo la falta de articulación institucional e información en tiempo real debilita la eficacia normativa.

El 13 de mayo de 2025, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) publicó el Informe N.º 0763-2025-IMARPE, en el que, bajo un enfoque precautorio y adaptativo, se recomienda no superar un rango de captura acumulada de 421,684 toneladas para todo el año (IMARPE, 2025). Esta cifra se construye sobre la base de las 190,000 toneladas ya desembarcadas hasta el 01 de abril, y propone un margen adicional técnico de entre 231,000 y 250,000 toneladas.

El 29 de marzo de 2025, Produce emitió la Resolución Ministerial N.º 00180-2025-PRODUCE, estableciendo un Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) de pota de 290,000 toneladas para el periodo entre enero y agosto. Sin embargo, tan solo poco más de una semana después, el 9 de abril, se publicó la Resolución Ministerial N.º 00193-2025-PRODUCE, incrementando este LMCTP a 304,209 toneladas,  sin que en ese momento se conociera públicamente un informe biológico actualizado que sustentara ese cambio.

A esta inestabilidad regulatoria se suma la Resolución Directoral N.º 00112-2025-PRODUCE/DGSFS-PA, que dispuso el cierre de la pesca de pota a partir del 21 de junio, es decir, anticipadamente respecto a la vigencia del LMCTP (31 de agosto). La posterior fe de erratas (RD N.º 00113-2025-PRODUCE/DGSFS-PA) que aclara que el vencimiento se dará ya no el 20 de junio sino hasta terminar el día 29 de junio, no hizo más  que evidenciar la falta de claridad en la gestión documental del sector.

Pues ambas Resoluciones habían salido el mismo día, y la última de estas solo segundos antes que acabe el día y empezará el cierre de temporada. Lo que plantea dudas legítimas sobre si las autoridades venían monitoreando efectivamente el avance del volumen acumulado, o si simplemente responden de manera reactiva sin evaluación continua.

Esta desconexión entre la norma y la realidad del mar no es un caso aislado. Casos similares se han registrado con otros recursos, como con las especies de la familia Mobulidae—mobulas y rayas. Aunque desde el 2015 existe una norma que prohibía su captura y comercialización, en 2024, se emitió una nueva disposición que amplía la protección a especies en estado crítico. Sin embargo, casi de inmediato se autorizó un régimen especial que permite su captura incidental, debilitando el alcance de la medida original.

Aunque dicho régimen fue presentado como una medida temporal para recolectar información biológica, ha sido prorrogado en varias ocasiones. El día de hoy —30 de junio de 2025— su vigencia ha sido extendida nuevamente hasta fin de año, mediante la Resolución Ministerial N.º 00228-2025-PRODUCE, a pesar de que el propio IMARPE había advertido que dicha ampliación no debía exceder los seis meses. 

La consecuencia directa de esta falta de sincronía entre la norma y la realidad es una incertidumbre persistente en el sector artesanal. Los pescadores aún no tienen claro el panorama sobre sobre si pueden continuar realizando faenas de pesca después del 29 de junio, enfrentando serias dificultades para acceder a información actualizada sobre las vedas y regulaciones vigentes o si estas cambiaran intempestivamente. La emisión sucesiva de resoluciones, sin una comunicación coherente ni criterios técnicos visibles, ha provocado confusión sobre cuál es la norma final aplicable, debilitando aún más la confianza del sector en el proceso regulatorio.

Frente a este escenario de desinformación, los intermediarios comenzaron a especular con los precios y algunas plantas  modificaron sus condiciones de compra sin previo aviso. El impacto social de esta situación es significativo: miles de familias en el norte, centro y sur del país dependen directamente del recurso pota para subsistir. Una regulación errática no solo afecta sus ingresos diarios, sino que erosiona la  confianza en las instituciones encargadas de administrar el recurso. Para muchos, el problema ya no es solo pescar, sino sobrevivir en un sistema que no les ofrece certezas.

La pota no entiende de regulaciones

Pescador artesanal operando con línea potera manual, conforme a lo exigido por la R.M. N.° 193-2025-PRODUCE para la captura sostenible de pota. Crédito: © Carlos Gutiérrez

Mientras se debatía la legalidad de ciertas artes de pesca y se exigía cumplimiento a bordo, en algunas playas del sur de Lima y Paita la pota se varaba masivamente y era recogida con baldes o directamente a mano, en una escena que, sin dejar de ser tragicómica, pone en entredicho la aplicabilidad real de la normativa en condiciones extraordinarias. Cabe recordar que la norma exige manipulación sanitaria adecuada y conservación de la cadena de frío desde su extracción, lo que claramente no ocurre cuando el recurso se arrastra desde la orilla.

La alta disponibilidad de pota en las zonas costeras incentivó la salida de embarcaciones no autorizadas para la pesca. Entre ellas, se identificaron chalanas habitualmente destinadas a paseos turísticos, improvisadamente adaptadas para capturar el recurso. Un ejemplo representativo se registró en el puerto de Pucusana, donde la sobreabundancia de pota generó una presión inusitada sobre la infraestructura local, provocando una severa congestión operativa. 

Lanchas, botes y chalanas, formaron extensas filas aguardando turno para desembarcar. La saturación prolonga los tiempos de espera y, sin capacidad de refrigeración adecuada, parte del recurso a bordo se deterioró a bordo. Como consecuencia, varias embarcaciones se vieron obligadas a desechar pota en el mar, ante la negativa de los compradores a recibir productos en mal estado.

A esta crisis logística se sumó una drástica caída en el precio de la pota. Los altos volúmenes de desembarque saturaron el mercado, reduciendo su valor hasta llegar a un mínimo de S/1.00 por kilogramo como precio de compra en puerto, según registros propios de ArtisOnal obtenidos en Pucusana el 26 de junio de 2025. Este valor representa un umbral crítico para muchos pescadores artesanales, cuyos costos operativos difícilmente pueden ser cubiertos con un precio tan bajo.

Produce, por su parte, no ha emitido hasta el momento una directiva clara sobre cómo actuar frente a eventos inusuales en los que la pota se aproxima de forma anómala a la costa. Esta situación genera  varamiento y facilita su extracción fuera de los canales formales y normados, dejando un vacío regulatorio que pone en tensión al sector artesanal. 

Si bien se reconoce que estos fenómenos podrían estar vinculados a cambios oceanográficos, procesos de desove o incluso casos de contaminación, la ausencia de un protocolo de acción compromete seriamente la inocuidad del recurso extraído. Esta omisión pone en riesgo la salud pública y la trazabilidad del producto, que eventualmente podría ingresar al consumo humano o a cadenas de exportación sin garantías sanitarias.

 Chalanas artesanales en espera para desembarcar pota en el muelle de Pucusana . Crédito: ©Efrain Chamane

Todo lo anterior apunta a una necesidad urgente: contar con información actualizada y en tiempo real sobre la dinámica del recurso. La tecnología existe y está disponible: georreferenciación, sensores oceanográficos, monitoreo por satélite y sistemas de reporte electrónico podrían permitir una toma de decisiones más oportuna, transparente y técnicamente fundamentada. Así, se evitarían cierres repentinos, aumentos inexplicables del LMCTP o improvisaciones ante el varamiento masivo del recurso.

Gestionar la pota exige reconocer su naturaleza cambiante. Como otros calamares, crece rápido y vive poco, lo que la hace altamente sensible a las condiciones del ambiente y a la disponibilidad de alimento. Estas características impiden depender solamente de enfoques tradicionales de manejo y exigen herramientas más ágiles y adaptativas. En este contexto, la tecnología no es un lujo, sino una condición básica para responder con eficacia.

En definitiva, la normativa pesquera no puede seguir desconectada de la realidad del mar. Regular con datos desfasados o sin articulación institucional no solo debilita el Estado de Derecho, sino que expone a los más vulnerables del sistema: los pescadores artesanales. Si la ley queda sin efecto frente a un calamar que llega solo a la orilla, tal vez debamos preguntarnos no solo cómo reglamentar, sino a quién realmente sirven esas normas.